Por colectivo de Konsensuando
La reciente
convocatoria a una nueva protesta para el próximo 15 de noviembre, impulsada
por organizaciones y figuras contrarrevolucionarias y pensada como una acción
simultánea en distintas urbes del país, recoloca en el centro del debate
público la pertinencia, legalidad y legitimidad de las manifestaciones como
ejercicio de expresión ciudadana en naciones en tránsito hacia el socialismo.
Vale destacar que
las manifestaciones en las sociedades burguesas constituyen una de las
herramientas de lucha con que cuentan los trabajadores (y cualquier otro sector
con un mínimo de capacidad de convocatoria) para defender sus intereses. Casi
siempre se convierten en una vía para drenar el descontento y la ira en el
espacio público, pero esto no quiere decir que el mero acto de manifestarse sea
prueba de un sistema democrático y participativo: puede suceder ―y sucede con
frecuencia― que las reivindicaciones de los manifestantes sean desoídas por las
élites políticas y financieras de un país. Además, varios centenares de
personas, o incluso un millar, no necesariamente son representativos de los
anhelos, proyectos y reclamos de las grandes mayorías.
Como parte de los
acuerdos entre las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, el
derecho a la manifestación está reconocido entre los derechos humanos. En Cuba,
la Constitución socialista de 1976 lo amparaba como un derecho del pueblo
trabajador, ejercido a través de las organizaciones sociales y de masas del
país, cuestión que invalidaba su uso lícito por los sectores
contrarrevolucionarios, en un contexto de constante enfrentamiento a la hegemonía
de Estados Unidos y el sistema capitalista mundial.
Sin embargo, la
Constitución de 2019 retiró la mediación de las organizaciones sociales y de
masas y convirtió el derecho a la manifestación en una herramienta disponible
para cualquier ciudadano, grupo u organización, solo condicionada por el
respeto a la legalidad y el orden público. Si bien esta nueva formulación puede
ser más abierta y participativa, ciertamente será aprovechada una y otra vez
por los sectores alineados con la agenda política de Washington.
En este contexto,
urge una Ley de Manifestaciones que complemente el artículo constitucional No.
56 y especifique en qué circunstancias puede ocurrir una manifestación, quiénes
tiene el derecho legítimo de manifestarse, cuáles serían los lugares o rutas
viables para hacerlo, así como las herramientas para coordinar, convocar y
encaminar las futuras manifestaciones y marchas.
La ausencia de
tal regulación tiene un doble impacto negativo: por un lado, deja un exceso de
discrecionalidad a los decisores políticos, que puede redundar en la imposición
de límites extremos. Por el otro, al no existir una norma clara, puede darse el
ejercicio de ese derecho mediante formas que violen otros derechos o la propia
Constitución.
Lo que sí está
claro es que nunca el derecho a la manifestación puede utilizarse para
subvertir el sistema político, para derrocar el proyecto socialista cubano (lo
cual es inconstitucional) o para establecer alianzas con grupos y
organizaciones que reciben financiamiento exterior con el objetivo de promover
los intereses del gobierno de los Estados Unidos y otras potencias extranjeras.
Sin embargo, es
necesario aclarar que las manifestaciones están indisolublemente ligadas al
devenir del proceso revolucionario cubano. Desde aquella que aprobó
multitudinariamente la Primera Declaración de La Habana (1960) hasta la Tángana
del parque Trillo (2020), pasando por las marchas a favor del bienestar animal
y los derechos LGBTIQ+, o las Tribunas Abiertas a favor del regreso a Cuba de
Elián González y Los Cinco, las manifestaciones siempre han formado parte de la
épica revolucionaria.
Aunque estas han
tenido mayoritariamente un carácter festivo o solidario, también es justo
mencionar la ocurrencia de varias manifestaciones en distintas localidades del
país, producto del descontento popular contra situaciones puntuales, que fueron
resueltas de manera pacífica entre los dirigentes, las fuerzas del orden
público y la población, como corresponde a una sociedad que aspira al
socialismo.
Por otro lado, el
desarrollo de manifestaciones similares a las del 11 de julio de 2021, lejos de
constituir un ejercicio de legítima expresión popular, degenerará
indiscutiblemente en la violencia callejera, la polarización y el resquebrajamiento
de los consensos sociales y la unidad sobre los que se erige nuestro proyecto emancipatorio.
Nos guste o no,
el contexto geopolítico de la Revolución cubana es el de un pequeño foco de
resistencia en un mundo gobernado por las lógicas del neoliberalismo y el
capital financiero global. En este sentido, la contrarrevolución interna, la
hostilidad de las grandes potencias occidentales, los planes para derrocar el
socialismo y las amenazas a la soberanía nacional se encuentran tan
interconectados que no pueden analizarse por separado a la hora de entender las
manifestaciones antigubernamentales.
Como bien
señalaba hace algunos meses la revista digital La Tizza, ante los intentos de desestabilizar el país, la respuesta
de las fuerzas revolucionarias, más que policial (o judicial), debe canalizar
las energías y la participación de los amplios sectores que históricamente han
defendido a la Revolución cubana. Necesitamos dar una respuesta política,
popular y comunicacional, que garantice la paz y la tranquilidad ciudadanas, a
la vez que preserve la hegemonía socialista.
En los tiempos
que corren, se impone una profunda reflexión sobre las protestas de carácter
contrarrevolucionario y las causas coyunturales que les otorgan una mayor
capacidad de convocatoria. Incluso, más que responder a las propias
manifestaciones, es imprescindible atacar el burocratismo, implementar mejores
métodos de comunicación pueblo-gobierno, rejuvenecer a las organizaciones
tradicionales de la Revolución, lograr un mayor empoderamiento de la clase
trabajadora y erradicar tempranamente las situaciones que puedan fortalecer las
posturas de la oposición interna.
Es necesario identificar
todas las vías y los canales que posee la sociedad para tramitar sus dudas, reclamaciones
e insatisfacciones; determinar cuáles hoy resultan disfuncionales; y trabajar
en su perfeccionamiento y divulgación. Esa es la mejor manera de quitarle apoyo
y legitimidad a los grupos contrarrevolucionarios que, vendiéndose como
abanderados del civismo, promueven la violencia y la intolerancia.
Epílogo
Este artículo-resumen,
fruto de la intervención entusiasta de numerosos usuarios, fue redactado a
partir de las ideas expuestas en los debates del 28 de septiembre (escrito) y
el primero de octubre (escrito + audio) de 2021, en el grupo de Telegram de Konsensuando.
Con el objetivo
de identificar criterios comunes entre los participantes del chat, realizamos
una serie de encuestas sobre los aspectos centrales de este tema. Aunque en la
mayoría de ellas se percibe poco consenso, sí es visible una línea de opinión
mayoritaria, que intentamos seguir en este texto. En la siguiente imagen, puede
verse los resultados de las encuestas.
Invitamos a los
lectores a consultar en Telegram el chat y el podcast de Konsensuando, y conocer otros criterios, comentarios y experiencias
que no fueron incluidos o desarrollados ampliamente en este texto. De igual
forma, recibiremos con agrado todos los señalamientos, sugerencias, dudas o
propuestas de temas que surjan de la socialización de este artículo.
***
Konsensuando es un proyecto de la plataforma digital K-analiza.
Tiene su base en la juventud cubana y se propone la construcción de consensos
dentro de la Revolución, mediante el intercambio de perspectivas, el
aprendizaje conjunto y la crítica constructiva de nuestra realidad política y
socioeconómica.
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